Consorcio Transfronterizo Bidasoa Txingudi - Guía transfronteriza - Introducción

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Introducción

PRINCIPIOS Y DERECHOS

LIBERTAD DE CIRCULACIÓN, LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO, LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DERECHO DE RESIDENCIA. CIUDADANIA EUROPEA

Los ciudadanos de la Unión Europea se benefician dentro de los países miembros del principio de libre circulación de personas, de servicios y de capitales recogido en el Tratado de Roma.

La libre circulación de personas y de servicios concierne tanto a trabajadores asalariados o por cuenta ajena como a trabajadores por cuenta propia o autónomos. Se dirige por tanto a personas que participan en actividades económicas, como trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia o destinatarios de servicios, prohibiéndose la discriminación fundada en la nacionalidad y obligándose a tratar a los nacionales de los estados miembros de la misma forma que a los nacionales del estado miembro interesado.

En consecuencia,

  1. La libre circulación de trabajadores implica que todo ciudadano europeo tiene derecho a ejercer un empleo en cualquiera de los países europeos en las mismas condiciones que los nacionales del estado miembro en el que se desea ejercer. Los ciudadanos europeos son así asimilados a los nacionales, principalmente en materia de derecho laboral. La libre circulación prohíbe toda discriminación entre trabajadores comunitarios y ciudadanos en materia de empleo, de retribuciones, de condiciones de trabajo y de obligaciones fiscales y laborales.
    Así, todo ciudadano europeo tiene derecho a responder a ofertas efectivas de trabajo dentro de la Unión Europea y a desplazarse libremente en el territorio comunitario para este fin.
  2. La libertad de establecimiento conlleva el acceso a actividades no asalariadas y a su ejercicio, así como la constitución y gestión de sociedades, de forma estable y continuada.
  3. La libre prestación de servicios implica la supresión de restricciones dentro de la Unión, facilitándose la posibilidad de prestar servicios dentro de la Unión por aquellos particulares y sociedades establecidos en un Estado miembro distinto de aquél en el que se ejecuta la prestación. Hablamos por tanto del carácter ocasional de una actividad ejercida fuera del territorio del estado miembro en el que la actividad se encuentra instalada.

Estos tres derechos deben ser interpretados teniendo en cuenta que:


  1. Los Estados miembros pueden prever regímenes especiales para los no nacionales justificados por razones de orden público, de seguridad pública y de salud pública. Así, existen límites que pueden consistir en la prohibición de acceder a determinadas ocupaciones si éstas implican el ejercicio de poderes de derecho público y la defensa del interés general por las autoridades nacionales o locales. Por ejemplo, el cuerpo diplomático o la judicatura.
  2. Los empleos de la administración pública se encuentran fuera del campo de aplicación del Tratado de Roma. A pesar de ello, los Estados Miembros han ido regulando el acceso al empleo público de ciudadanos europeos. En este sentido, el Tribunal de Justicia Europeo se ha pronunciado en general a favor de un concepción funcional, según la cual sólo pueden reservarse a los nacionales de un Estado Miembro los empleos que conlleven una participación, directa o indirecta, del ejercicio del poder público y aquellas funciones que tienen por objeto la salvaguarda del interés general del Estado o de otras colectividades públicas.
  3. Quedan excluidas de la libertad de establecimiento las actividades participadas por la autoridad pública.
    Asimismo, el derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios debe ser matizado cuando se trata de determinadas profesiones cuyo ejercicio requiere la posesión de un título, la inscripción a un organismo profesional o una autorización administrativa.
    En la práctica, ello significa que el reconocimiento mutuo por parte de los estados miembros de la Unión Europea de títulos profesionales como el de médico, arquitecto, abogado, peluquera, etc. se rige por normas europeas específicas transpuestas al derecho nacional de cada estado miembro en cuanto a la forma práctica de poder ejercer dichos derechos. Pero atención, existen hor en día aún vacíos jurídicos en diplomas y/o profesiones concretas. Cada ciudadano debe por tanto informarse sobre las condiciones de acceso a determinadas profesiones en el país en que pretenda llevarlas a cabo, con anterioreidad al ejercicio de las mismas. Tampoco hay que olvidar que, nos encontremos o no en el ámbito de una profesión regulada en mayor o menor medida por la normativa europea, un conocimiento lingüístico de la lengua del país en el que se pretende ejercer puede ser requerido en función de la naturaleza del empleo que se desea ejercer, siempre y cuando ello no esconda una discriminación.

Infórmese también en el caso de poseer nacionalidad europea y un diploma no directamente europeo aunque homologado por un Estado Miembro, pues en este caso puede usted encontrar también limitaciones o condiciones específicas de ejercicio de su diploma (es el caso frecuente de ciudadanos italianos o españoles con diplomas argentinos, por ejemplo).


Esta información le será facilitada por diferentes organismos según los casos. A título de ejemplo, si es usted licenciado en derecho por una Universidad francesa o si es usted abogado en Francia, deberá solicitar esta información en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Educación y en el Colegio de Abogados de Francia y de España, en los departamentos que gestionen las relaciones internacionales o europeas y las condiciones de homologación y de ejercicio de esta profesión en cada caso. Muchas veces estos aspectos serán gestionados en sus oficinas centrales, a menudo en Madrid y en París, y ello incluso cuando la potestad de decisión recaiga en delegaciones u órganos provinciales, por simple desconocimiento de la materia o “miedo” a dar una respuesta equivocada.


Por otra parte, los ciudadanos de la Unión Europea también se benefician dentro de los países miembros del DERECHO DE CIRCULACIÓN Y DE RESIDENCIA, siempre y cuando sean respetadas las condiciones fijadas por el derecho comunitario y las modalidades de ejercicio del mismo en el derecho interno de cada Estado Miembro. Sin entrar en las condiciones prácticas del ejercicio de estos derechos en los Estados que nos interesan, que serán analizadas en los capítulos correspondientes, se distinguen en el derecho europeo varias situaciones y se deben tener en cuenta varios aspectos:

  1. Derecho de circulación y de residencia de hasta tres meses. Todo ciudadano de la Unión Europea tiene el derecho de dirigirse a otro Estado miembro presentando un carné de identidad o un pasaporte válido. Los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro se benefician del mismo derecho que el ciudadano del que vayan acompañados, pero podrán verse sujetos a la obligación de obtener un visado para estancias de corta duración. Las tarjetas de residencia se considerarán equivalentes a los visados para residencias de breve duración. Para estancias inferiores a tres meses, la única formalidad que se requiere de un ciudadano de la Unión es estar en posesión de un documento de identidad o de un pasaporte válidos. El Estado miembro de acogida podrá pedir al interesado que dé parte de su presencia en su territorio en un plazo razonable y no discriminatorio.
  2. Derecho de residencia de duración superior a tres meses. Se suprime el permiso de residencia para los ciudadanos de la Unión. No obstante, los Estados miembros podrán pedir al ciudadano que se registre ante las autoridades competentes en un plazo no inferior a tres meses a partir de su llegada. El derecho de residencia para un período superior a tres meses está sujeto a alguna de las condiciones siguientes:

    • ejercer una actividad económica por cuenta ajena o propia;
    • disponer de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad con el fin de no convertirse en una carga para la seguridad social del Estado miembro de acogida durante su estancia. A este respecto, los Estados miembros no podrán fijar el importe de los recursos que consideren suficientes, sino que tendrán que tener en cuenta la situación personal del interesado;
    • cursar estudios de formación profesional;
    • ser miembro de la familia de un ciudadano de la Unión que reúna alguna de las condiciones antedichas.

    Los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de ningún Estado miembro deben solicitar un "permiso de residencia de miembro de la familia de un ciudadano de la Unión" con una validez mínima de cinco años a partir de su expedición.
    Ni el fallecimiento, ni la salida del territorio del Estado miembro de acogida del ciudadano de la Unión, ni el divorcio, ni la anulación del matrimonio, ni el fin de la unión registrada afectan al derecho de residencia de los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de ningún Estado miembro siempre y cuando cumplan una serie de condiciones.
  3. Derecho de residencia permanente. Todo ciudadano de la Unión obtiene el derecho de residencia permanente en el Estado miembro de acogida tras haber residido legalmente en él durante un período ininterrumpido de cinco años a condición de que no haya sido objeto de ninguna medida de expulsión. El derecho de residencia permanente deja de estar sujeto a cualquier tipo de condición. La misma norma rige para los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de ningún Estado miembro y que hayan residido durante cinco años con un ciudadano de la Unión. Una vez obtenido, sólo se pierde el derecho de residencia permanente en caso de una ausencia del Estado miembro de acogida superior a dos años consecutivos.
    A los ciudadanos de la Unión que ejerzan una actividad por cuenta ajena o propia y a los miembros de su familia se les reconoce el derecho de residencia permanente con anterioridad al vencimiento del plazo de cinco años de residencia continua si se cumplen determinados requisitos que figuran en el Reglamento (CEE) n° 1251/70.
    La tarjeta de residencia permanente o documento equivalente tiene una duración ilimitada, es renovable automáticamente cada diez años y se expedirá en los seis meses siguientes a su solicitud. El ciudadano podrá demostrar la continuidad de su residencia mediante cualquier medio de prueba vigente en el Estado miembro de acogida.
  4. Todo ciudadano de la Unión beneficiario del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente, así como los miembros de su familia, gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de acogida. No obstante, antes de la obtención del derecho de residencia permanente no estará obligado el Estado miembro de acogida a conceder el derecho a prestaciones de asistencia social o de seguro de enfermedad a personas que no sean trabajadores por cuenta ajena o propia ni a conceder becas a los beneficiarios del derecho de residencia que se hubieran trasladado a su territorio para cursar estudios. Independientemente de su nacionalidad los miembros de la familia tendrán derecho a ejercer una actividad económica, por cuenta ajena o no.
  5. Limitaciones del derecho de entrada y estancia por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Todo ciudadano de la Unión o miembro de su familia podrá ser expulsado del territorio del Estado miembro de acogida por razones de orden público, seguridad o salud pública. En ningún caso podrá tal decisión fundamentarse en razones económicas. En ningún caso podrá prohibirse de por vida la entrada y residencia en el territorio del Estado de acogida.
  6. Los familiares del ciudadano de la Unión que se beneficia del derecho de residencia, independientemente de su nacionalidad, benefician también de este derecho de residencia. Se entiende por familiar el cónyuge o pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público estable, los descendientes y ascendientes directos a cargo del ciudadano, de su cónyuge o de su pareja.

Por último, es importante resaltar el PRINCIPIO DE CIUDADANÍA EUROPEA. Es ciudadano de la Unión Europea toda persona que posea la nacionalidad de un Estado Miembro, incluso en el caso de que dicha persona acumule varias nacionalidades no comunitarias junto con una comunitaria, e incluso si dicha persona reside fuera de la Unión Europea. Este principio implica:

  1. Libertad de circulación y de residencia, independientemente del ejercicio de una actividad económica, siempre y cuando se respeten las condiciones fijadas por el derecho comunitario;
  2. el derecho de votar y ser votado en las elecciones municipales y europeas;
  3. la protección diplomática de todo ciudadano de la Unión por todo estado miembro;
  4. el derecho de petición en el Parlamento Europeo y el recurso al mediador comunitario.

Resaltar por tanto que este manual se dirige a ciudadanos europeos a los que no se apliquen períodos y normas transitorias de acceso a la Unión Europea, pues para estos últimos puede haber normas paulatinamente aplicables y el manual puede llevar a confusión. Además, es cada vez más frecuente la presencia de ciudadanos de estados terceros NO pertenecientes a la Unión Europea, que NO ostentan una nacionalidad europea. Estos ciudadanos se rigen por normativa específica a la que no se hace referencia en este manual, salvo muy puntualmente, por lo que les aconsejamos se dirijan a las autoridades competentes en cada caso para resolver sus dudas.





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